Planificar en favor del ciudadano. Una utopía sostenible.

CESAR VACCHIANO

La visión cortoplacista de los gobiernos democráticos que han disfrutado de oportunidades de gestión en la España de nuestros tiempos se ha visto potenciada en los asuntos medioambientales por la influencia negativa de un enfoque ideológico, siempre dominante sobre los aspectos técnicos que podrían haber moderado muchas decisiones determinantes, más tarde, de un grave impacto económico.

Cesar Vacchiano

Ha ocurrido con la posición permanente en favor de los acuerdos multilaterales sobre la descarbonización, que se ha reconocido como la mejor medida ante el calentamiento de la atmósfera, condicionando numerosas decisiones improvisadas de las que es difícil escapar. Estas líneas pretenden defender los valores de una planificación respetuosa con los criterios técnicos y el estado del arte en las tecnologías, para contribuir a una evolución eficiente, respetuosa a la vez de la condición industrial del país en competencia, y de las repercusiones que afectan a los consumidores.

Y ello porque es preciso superar la fácil demagogia del oportunismo al pretender adelantos basados en la subvención, que solo han beneficiado a los favorecidos por el poder, mientras los sectores industriales que contribuyen al equilibrio de la estructura económica pierden protagonismo e interés para los inversores. Veamos con perspectiva temporal amplia lo que podemos corregir.

Seguridad de suministro e independencia energética: Algo que figura en todos los propósitos políticos, muy fácil de decir y no siempre llevado a la práctica. España carece de petróleo y gas, su dependencia exterior en estas materias primas esenciales ha sido paliada por acuerdos de suministro no siempre estables estables –Argelia- y la actividad de una empresa cuyos éxitos de exploración e implantación internacional –Repsol– aportan ahora 600.000 barriles de crudo al día.

La producción de electricidad ha evolucionado en una transición exitosa, que elimina la generación en las centrales de carbón – damnificadas por las políticas medioambientales que las llevaron al cierre – para sustituir parcialmente su producción con generadores eólicos solo afectados por la incertidumbre del viento. En este proceso, contemplado desde la perspectiva de las ideologías gobernantes, se producen dos errores graves: proscribir la energía nuclear y favorecer instalaciones fotovoltaicas centralizadas sin la eficiencia necesaria. Todavía pagamos el coste de ambos errores en la tarifa eléctrica mientras nuestras redes se muestran incapaces de garantizar el desarrollo económico y el crecimiento de la demanda.

En el primer caso, porque las instalaciones proyectadas y luego abortadas favorecían una mayor independencia en la generación eléctrica a precios competitivos y, como ha venido a demostrarse, sin gases contaminantes de efecto invernadero. Pero, además, se ha perdido una oportunidad de desarrollar una capacidad tecnológica propia favoreciendo un sector técnicamente solvente, con empleo cualificado y proyección internacional que avala la buena operación de nuestras instalaciones como se reconoce por los organismos competentes. Y resulta lamentable que la capacidad técnica del Consejo de Seguridad Nuclear – asaltada con frecuencia por la ambición de los políticos – no haya conseguido sacar adelante una instalación de almacenamiento para el combustible gastado, ni haya defendido adecuadamente la prolongación de la vida útil de las centrales actuales que garantizan el equilibrio del sistema eléctrico.

Sin acudir a modelos de dominancia nuclear en la generación de electricidad, como en Francia, la seguridad del suministro y la garantía de costes sostenibles con el ajuste de las emisiones debería llevarnos a una producción coherente con el 25% de nuestro consumo eléctrico. Ello significa planificar inversiones nuevas y planificar la permanencia de nuestras centrales más allá del 2035, lo que supondría efectos positivos no solo desde la perspectiva ambiental, sino desde la del empleo cualificado.

La nociva concepción de subvenciones para las plantas fotovoltaicas, en los inicios de la corrección medioambiental, llevó a una especulación financiera sin parangón en el mundo. Inversores sin experiencia alguna confiaron en productos financieros que garantizaban intereses superiores a los de otras actividades industriales y cuyo recorte por el gobierno posterior ha justificado pleitos internacionales todavía vigentes; la paradoja de producciones fotovoltaicas nocturnas que alimentaban las redes eléctricas desde generadores de gasóleo colmó los anales del fraude conocido. Ahora, nuevas instalaciones diseminadas, con mejores rendimientos e interconectadas digitalmente pueden aportar resultados notables en los procesos de electrificación eficiente; sin embargo, hemos pagado, por vanidad política, por los quince años de anticipo en nuestra apuesta solar, que apenas cubre el 5% de la demanda.

La seguridad de suministro y los precios son factores esenciales para la competitividad de la industria y ello debe traducirse en una tarificación coherente con la naturaleza esencial de la electricidad, cuya participación en la cobertura energética de los países crece sin pausa por la contribución que aporta a la calidad de vida. La cadena de impuestos y tasas que acompañan a los costes de generación en España reflejan la comodidad recaudatoria de las administraciones públicas buscando la amortización de los errores del pasado a costa del ciudadano.

La coyuntura actual se dramatiza, además, por el incremento de los precios del gas – presente en las centrales de ciclo combinado que cubren la demanda marginal en momentos concretos, pero determinan el precio de toda la oferta energética anterior, aunque sus costes sean inferiores – y por los pagos impuestos en los vertidos atmosféricos de CO2 que han crecido durante los últimos años. Revisar con urgencia el sistema, conservando los principios de sostenibilidad no es tarea imposible, como parecen trasladar nuestras autoridades; solo es preciso ser conscientes de lo fundamental: fuentes propias, no contaminantes, garantía de ampliación y uso de las redes conforme a la experiencia que evite actos irresponsables -  como los dictados desde el poder para batir marcas de consumo renovable -  con impuestos tolerables.

Inspirar una sociedad que busca la sostenibilidad: Algo que exige confiar en la evolución de las tecnologías y favorecer los procesos de decisión en las empresas y en los consumidores. 

Multitud de nuevos procesos con diverso soporte tecnológico están incidiendo en un cambio de actitud de los ciudadanos, cada vez más convencidos de su contribución a la calidad de la atmósfera frenando su calentamiento.

En el transporte se combinan oportunidades para nuevos carburantes: biogás e hidrogeno liquido; en la eficiencia térmica de las viviendas pueden aplicarse numerosas soluciones desde el aislamiento a los sistemas de calor/frio a la vez que se fomenta la generación fotovoltaica distribuida y el autoconsumo; en la agricultura somos pioneros en el empleo eficiente del agua para cultivos y podríamos ser ejemplo mundial sin las trabas políticas que han impedido los trasvases entre cuencas; en la automoción se baten continuamente los registros de eficiencia en los motores de combustión, lo que, unido a la mejora de los carburantes, definen una huella decreciente en el impacto sobre la atmosfera; en la industria textil se han logrado avances decisivos en la regeneración de prendas para la obtención de nuevas fibras para nuevas confecciones de calidad; recuperar la plantación de especies arbóreas es otra necesidad cultural para las generaciones jóvenes, a las que puede proporcionar nueva capacidad de absorción de CO2 y limitaciones a la generación de metano, frenando, a la vez, los avances de la desertización.

Las administraciones han de asumir un papel más activo en la planificación y en la educación asumiendo responsabilidades sobre los efectos a largo plazo, ante los que siempre salen indemnes porque renuncian a corregir lo que no les preocupa en su ciclo electoral. La concepción del transporte público y la convivencia del automóvil – objeto de persecución en la UE - con las ciudades es uno de los aspectos a mejorar, así como la gestión de los residuos y el incentivo para los procesos de reciclaje industrial y sustitución de materiales plásticos no degradables. El ferrocarril como medio de transporte de mercancías – que proporcionaría considerables ahorros en la emisión de gases - es una asignatura siempre pendiente y junto con la concepción de una conectividad hídrica en toda España podría haber sido objeto del uso eficiente de las ayudas europeas del programa “Next Generation”. En definitiva, anticiparse a los problemas y prever su solución como obligación, en lugar de dotarse de incompetentes que viven de declaraciones improvisadas para salir del paso, conservar el sillón y buscar nuevos votos en el magma del descontento ciudadano.

Vivimos en una sociedad que aprendió solidaridad en la Transición política y la ejerce cada vez que se hace necesaria ante desgracias derivadas de omisiones de las autoridades competentes. La solidaridad ante el calentamiento global requiere algo más que la de un solo país, pero las autoridades han de asumir una nueva responsabilidad que no forma parte de su cultura de ocupación del poder, midiendo sus pasos, planificando con rigor, gestionando el mantenimiento de infraestructuras, y evitando que los relatos artificiales y cínicos oculten la responsabilidad de saber anticiparse.