Somos Europa... pero ¿a qué precio?

FRANCISCO CERRO

Periodista y académico

El 1 de enero de 1986 España ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea. Aquel paso supuso la consolidación de la democracia y abrió nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, cuarenta años después, también es razonable preguntarse cuál ha sido el coste de esa integración.

La pertenencia a la Unión Europea ha permitido modernizar infraestructuras y acceder a un gran mercado común. Pero muchos ciudadanos consideran que determinadas políticas comunitarias han perjudicado a sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la pesca y parte de la industria.El campo español denuncia una creciente burocracia y normas medioambientales muy exigentes, mientras productos procedentes de terceros países compiten con requisitos diferentes. Esta sensación de desigualdad alimenta el malestar de agricultores y ganaderos.También preocupa la pérdida de peso de la industria española y la creciente dependencia del turismo. Aunque el turismo es una gran fortaleza, una economía necesita apoyarse también en una industria sólida y un sector primario competitivo.

Francisco Cerro

La gestión de la inmigración y el papel de Bruselas son otros asuntos que generan debate. Muchos españoles creen que las decisiones europeas están demasiado alejadas de la realidad cotidiana de quienes trabajan en el campo o mantienen pequeñas empresas. No se trata de rechazar Europa. España es y debe seguir siendo un país europeo. Pero pertenecer a la Unión Europea no debería significar renunciar a defender nuestros intereses nacionales. La pregunta sigue vigente: ¿estamos construyendo una Europa de iguales o una Europa donde algunos países tienen más capacidad de decisión que otros? Ese es un debate que merece una reflexión serena y honesta.