Descarbonizar, misión posible
CESAR VACCHIANO
El mundo se enfrenta a un reto trascendental para su futuro, cuyo debate en la Conferencia sobre el Clima en Glasgow puso de manifiesto un menor interés de los dirigentes y poblaciones afectadas en todos los países desarrollados.
La evidencia del efecto nocivo de los gases emitidos en los procesos industriales, principalmente dióxido de carbono, no se discute; la correlación entre el volumen de emisiones y el calentamiento global en términos de temperatura media observada en mediciones sobre largos periodos, tampoco. Quedan sombras sobre los efectos directos de dicho calentamiento en fenómenos meteorológicos concretos – lluvias torrenciales e inundaciones, desertización, entre otros – pero es ineludible la amenaza que representa el deshielo en las zonas polares y su repercusión en los niveles del mar en ciertas costas. La verdad científica es que la atmósfera es un instrumento de refrigeración de la Tierra y todo lo que hagamos por dificultar esa refrigeración nos perjudica.
Siendo necesario un compromiso global que alimente medidas concretas para que todos los países pongan en marcha acciones correctoras en la emisión de gases, no hay que olvidar que son los más desarrollados los que tienen en su mano las mayores capacidades para dicha corrección. Las iniciativas emprendidas en Europa han demostrado niveles de responsabilidad no logrados en otras zonas del mundo y en España, el cierre progresivo de las centrales eléctricas consumidoras de carbón es un ejemplo de esa responsabilidad a pesar de los problemas sociales generados en las poblaciones mineras que han requerido ayudas económicas considerables.
Los problemas principales surgen al contemplar el impacto económico de las nuevas soluciones y su peligroso efecto sobre la competitividad de las empresas y el coste que deben asumir los consumidores. Dada la importancia de la electricidad en la calidad de vida de los pueblos, de la movilidad y los transportes en las organizaciones sociales, los cambios han de conciliar una progresividad en la reducción de emisiones con un impacto reducido en los costes de los procesos. Esa cuestión crucial es la que debemos reclamar a nuestros gobernantes en un pacto intergeneracional que evite convulsiones por medidas cortoplacistas, traumáticas y solo previstas para el lucimiento coyuntural de sus promotores.
La electricidad generada por nuestro sistema y los apoyos financieros al coche eléctrico son ejemplos de visiones políticas desconocedoras de la realidad técnica que subyace en los propios actores de la industria. La normativa se ha convertido en una pieza estimulante de la creatividad transgresora de las empresas para salir del paso, ignorando que planificar en consenso hubiera prometido mejores y menos traumáticos resultados; el día que se analice el dispendio económico y jurídico provocado por el gobierno de Zapatero al incentivar sin la debida reflexión la producción solar fotovoltaica, tendremos una dimensión más aproximada de lo que significan anticipaciones ignorantes del estado del arte de las tecnologías. Hoy nos quedan pleitos internacionales para indemnizar a los fondos que con voracidad oportunistas pusieron su dinero en plantas solares con rendimientos seguros por decisión de un gobierno incapaz; hoy pagamos todos las condenas, que ya superan los 1.500M€.
La fórmula utilizada en España para construir el precio de la electricidad otorga el valor de referencia al coste declarado por la última central que entra en operación cuando la demanda ha utilizado todas las anteriores del sistema. Naturalmente, las fuentes más baratas – eólica, hidráulica, carbón y nuclear - dejan de influir en el precio pagado por los consumidores, que acaban haciéndolo por lo que aportan los ciclos combinados a gas en los momentos necesarios por la demanda del consumo y que se extienden a todo el sistema de generación. En lugar de concebir sistemas más justos de remuneración a las empresas eléctricas, este gobierno lo resuelve aplicando más impuestos a quienes considera que tienen mayores márgenes (producción hidráulica y nuclear). Una desgracia para quienes utilizan la electricidad como factor de coste en sus negocios y los propios hogares consumidores.
Los intentos – en ocasiones inconscientes y trufados de ideología – para eliminar la generación nuclear intensificando, a la vez, la participación de las instalaciones fotovoltaicas en las redes de transporte ha provocado inestabilidad incontrolada cuyos efectos fueron nefastos para la actividad con un “cero eléctrico” de varias horas en 2025. Posteriormente se intensificó el consumo de gas para estabilizar las redes de transporte y se canceló el cierre anunciado de la central nuclear de Almaraz para evitar un colapso de la oferta eléctrica, que ya había recurrido a cortar suministros a la industria por falta de generación eólica. Todo coherente con una gestión respetuosa de las recomendaciones de Bruselas que nos sitúa en el borde de la crisis permanente con mayores costes de generación.
Europa ha asumido la crisis de su industria automóvil mientras es responsable del 6,5% de los gases vertidos a la atmosfera, dejando el mercado en manos de los vehículos de China, que es responsable del 46% de dichos vertidos. Un “harakiri” que califica a nuestros políticos. Mientras tanto, la tecnología de carburantes para motores térmicos mejora los vertidos comparados con los que causan las baterías eléctricas; y esos mismos políticos se dan cuenta tarde y a regañadientes por el temor a los “verdes”.
Descarbonizar es posible, pero no es la asignatura pendiente de Europa. Sin responsabilidad de los verdaderos causantes del problema, en Asia, no caben más ejercicios de autodestrucción. Nadie va a eliminar la electricidad necesaria para mayores niveles de bienestar y el suministro a los centros de datos, pero surgirá de la racionalización de las renovables, la generación nuclear con nuevos y más numerosos reactores con menor potencia, y de una generación fotovoltaica autónoma y diseminada en las viviendas y factorías que la necesiten. Lo lamentable, mientras, es el inmenso coste que las sociedades pagan por el aprendizaje de sus gobernantes.
