Guerra al Supremo

JOSÉ MARÍA GARCÍA CARRASCO

Es un choque de trenes institucionales, una guerra entre poderes que se ha desatado en el seno de nuestra democracia. En este contexto, el gobierno ha encontrado en el banquillo del fiscal general una oportunidad para convertirlo en un 'casus belli' contra el Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado y la Fiscalía han lanzado ataques contundentes contra el Alto Tribunal, acusándolo de vulnerar los procedimientos establecidos y de emprender una persecución de tintes políticos. En términos jurídicos, esto se traduce en una acusación de 'lawfare', una forma elegante de calificar la prevaricación.

José Mª García Cano

No obstante, el relato no es tan simple. Todos los fiscales consultados han coincidido en señalar que el fiscal general del Estado actuó con una inusitada rápidamente para obtener los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto. Este último fue sacado de un partido de fútbol para atender a la solicitud. “No son horas”, sería la expresión coloquial que podría resumir la sensación de precipitación en el proceso.

Los fiscales reconocen que la gestión del caso se estaba llevando a cabo de manera regular hasta que el nombre de Ayuso surgió en la conversación. Este es el punto en que la narrativa parece tornarse en una caza de brujas. La fiscal jefa de Madrid, Adriana Lastra, expresó su “pasmada” sorpresa ante el uso torticero de la Fiscalía. En una reveladora conversación con García Ortiz, las prioridades quedaron claras:

• ¡Has filtrado tú!

• Eso ahora no importa; tenemos que ganar el relato.

Estas palabras son más que una simple anécdota; revelan una implicación alarmante. El deber fundamental de un fiscal es defender la ley y el orden, no la relación mediática o política que pretenda moldear la opinión pública a su favor.

La situación se torna aún más inquietante cuando observamos cómo los fiscales afines a García Ortiz organizan un aplauso colectivo como un acto de respaldo mafioso. Todos son conscientes de que las actuaciones realizadas han sido irregulares y, sin duda, con sesgo político. Sin embargo, muchos han elegido el indigno sol que más calienta en un momento de crisis.

Así, nos encontramos inmersos en una guerra entre el gobierno y el Supremo, donde las apuestas son elevadas. ¿Acertarán en su estrategia? Solo el tiempo lo dirá, pero lo deseable es que prevalezcan el derecho, la razón, la justicia y la institucionalidad en nuestra nación. La vigilancia que mantenemos sobre este desarrollo es un recordatorio de que las instituciones deben ser respetadas y que la separación de poderes no debe ser ignorada en aras de intereses partidistas.