La Justicia y su administración en la España del s. XXI

JAVIER SAGUAR

Lo que está sucediendo en España con la Justicia y con su administración me evoca la famosa frase del abogado Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su obra El gatopardo: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie." Eso sí, si el cambio no va a mejorar las cosas es mejor dejarlas como están.

Para abordar con profundidad el tema que nos ocupa hoy, entiendo que es necesario contestar con rigor a la siguiente pregunta:

¿Qué es la justicia? 

Javier Saguar

Apasionante y subjetivo tema, porque depende mucho de cada cultura qué se entiende por Justicia. Como es sabido, en Arabia Saudí cortar la mano a un ladrón o bien condenar a muerte a un homosexual -si tiene más de 15 años, si no la pena son 74 latigazos- es aplicar la Ley y se considera que así se ha hecho Justicia; aquí nos parece sencillamente una barbaridad.

Nuestra RAE define la Justicia como: “Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente.” Y la primera acepción de honesto es: “Decente, decoroso.”

La Inteligencia Artificial, que, como he escuchado, “ni es tan inteligente, ni tan artificial”, dice que: “La justicia es un principio moral y social que busca dar a cada persona lo que le corresponde, tratando de equilibrar derechos, responsabilidades y consecuencias. Es, en esencia, la idea de que las decisiones y acciones deben ser justas, imparciales y basadas en normas razonables.” Y sobre su administración, añade: “La Justicia no es solo un conjunto de leyes, juzgados y tribunales: es mucho más, y su correcta administración es la que debe garantizar nuestros derechos, resolver nuestros conflictos y limitar los abusos del poder.” En pocas palabras: “La justicia es la búsqueda de equilibrio y equidad en las relaciones humanas y en la vida social.”

Ciertamente estas definiciones beben de la historia y claramente de las fuentes clásicas, a las que prefiero, como tantas veces, acudir en busca de más claridad y profundidad.

Poéticamente Platón dijo que la Justicia era más preciosa que el oro, y para Aristóteles ni la estrella vespertina ni la matutina son tan maravillosas como la Justicia.

Entiendo que la definición de Justicia de Domicio Ulpiano es la más acertada: constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde; con más amplitud se trasladó al Digesto de Justiniano, así, iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, que se podría traducir como los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar al prójimo y dar a cada uno lo que le corresponde, o lo suyo. Pero… ¿quién decide lo que le corresponde a cada uno? Extremo claramente subjetivo. ¿Entonces? ¿Cómo podemos o debemos determinar qué es “lo suyo”? Creo firmemente que existe una Justicia “Natural” de la que participa el Universo, una “Justicia Cósmica” o divina, de Dios podríamos decir -sin referirme a ninguna religión en concreto- que inspira la conciencia y nos dice qué está bien y que no.

A la Justicia, en nuestra cultura, se le suele representar con forma de mujer, una venda en los ojos, una balanza y una espada. Dichos símbolos aluden a que es objetiva e imparcial -se basa en hechos-, es equitativa -la balanza- y porta una espada para hacerse efectiva si es necesario. Se infiere que carece de ideología política.

En estos tiempos de decadencia moral y dudosa ética, entiendo que es necesario recordar y fortalecer la famosa división de poderes de Montesquieu, pues hoy en día en España el poder legislativo se confunde con el ejecutivo y la infiltración de éste en todas las instituciones del Estado es un hecho alarmante e inquietante, impera la ideología, la demagogia, el adoctrinamiento, el populismo, el cortoplacismo, la demoscopia... en definitiva: la búsqueda del poder y su control futuro.

Importante en este punto es recordar un antecedente legislativo de control político a la Justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985. Muchos de los políticos, -hay honrosas excepciones (Ulpiano dijo que “no había nada más injusto que tratar por igual a lo que es desigual”)- en vez de trabajar por el bien común y servir, se dedican a mantenerse en el puesto a viento y marea, y para ello desacreditan y atacan al adversario político, al que han convertido en enemigo y buscan que sus seguidores les secunden en combatirlo; en vez de colaborar entre ellos para la res publica -la cosa pública- dedican sus esfuerzos a mantenerse en el sillón (¿o debería decir poltrona? del italiano poltrone, derivado de poltro 'cama').

El otro día, en un gran atasco de tráfico matinal, se me pasó una idea por la cabeza, quizá no sea ni mía, no lo sé, era: “España funciona a pesar de sus políticos” que a la postre son los que deberían velar y garantizar que la administración de Justicia funcione y sea efectiva, como establece nuestra Constitución.

A los abogados antes también se nos llamaba “voceros” -a los jueces y magistrados: escuchadores-. Se nos suele calificar en el foro como “prácticos del Derecho”, por lo que, como colaborador de la administración de Justicia, permítame el lector que sea pragmático y sin más preámbulos formule otra pregunta que considero clave:

¿Funciona bien la administración de justicia en España? 

Entiendo que todos somos conscientes de que no funciona como debiera, lo padezcamos directa o indirectamente, porque a la postre todos somos víctimas de que funcione mal uno de los pilares básicos del Estado, de la sociedad. Por lo que, si la respuesta es negativa, surge otra pregunta:

¿Por qué no funciona bien? O más propiamente dicho: ¿Por qué funciona mal?

Considero que hay varias razones, pero prevalece una: no se le dota de recursos y medios suficientes para que funcione apropiada y correctamente.

En un hipotético caso, de defensa de los intereses presupuestarios de la administración de Justicia frente al Estado, después de practicada la prueba, diría en el informe de conclusiones lo siguiente: 

“Señoría, con su venia. A la vista de la prueba practicada, entiende esta parte que han quedado acreditados y probados los hechos expuestos en la demanda.

Es un hecho claro y objetivo, de dominio público y conocido por todos, que a la AEAT -Agencia Estatal de la Administración Tributaria- a Hacienda, el Estado le dota de recursos y de medios suficientes para desarrollar su actividad con éxito. Lo demuestran los resultados que obtiene, actualmente está batiendo récords históricos de recaudación.

Y, sin embargo, a la administración de Justicia no se le dota de los medios y recursos que precisa, necesarios para su correcto funcionamiento, y su ineficiencia y retrasos van in crescendo, como muy bien sabe su Señoría. 

Pues bien, si hacemos un simple ejercicio de lógica jurídica, al amparo de lo establecido en el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (sobre las presunciones judiciales), si a la Administración de Justicia se le dotase de recursos y medios suficientes, ¿podríamos conseguir buenos resultados y ser ésta eficiente? 

La respuesta es SÍ, la consecuencia directa es que se cumpliría el mandato del artículo 24 de nuestra Constitución y veríamos satisfecho nuestro derecho a disfrutar de una tutela judicial efectiva con la consiguiente seguridad jurídica, libertad y prosperidad económica.

La siguiente cuestión surge naturalmente: 

¿Cuál es la razón por la que el Estado (léase gobierno de turno) no dota a la administración de justicia de los recursos y medios necesarios para su buen funcionamiento? 

A mi juicio la principal es la falta de interés real de quien ostenta el poder, lo que produce una deficiente administración de Justicia con la consiguiente falta de seguridad jurídica consiguiente y sus graves consecuencias personales y económicas para todos.

Ciertamente modernizar la Justicia es caro y no genera votos, y además, la Justicia es peligrosamente independiente en unos “reinos de taifas” en los que impera la disciplina de voto y seguir las consignas o el dictado del amado líder, que es, en términos laborales “el empleador”, (recordemos a “los cesantes” del s. XIX) y tiene capacidad, incluso a instancias de un particular, de fiscalizar la actividad de los políticos y hasta enviarles a la cárcel, como hemos visto recientemente.

Y esa falta de interés se comprueba en múltiples ámbitos de la realidad. Uno de ellos es que hay pocos jueces para muchos procedimientos. El número de jueces y fiscales por habitante en España sigue siendo uno de los más bajos de la Unión Europea según un Informe de la Comisión, de 8/7/2025, sobre el Estado de Derecho en España en 2025.

Recientemente, el 14/11/2025, la magistrada titular del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción 2 (antes Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2), dictó una resolución (Providencia) en la que textualmente expresó lo siguiente: 

Visto el estado del presente Tribunal, habiéndose solicitado al TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) un refuerzo que ayudara a aliviar el estado cercano a la catástrofe de este tribunal, se acuerda SUSPENDER TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES asignados a esta plaza, a excepción de los asuntos de familia, las incapacidades, internamientos y desahucios en los que la parte actora sea persona física, hasta que los asuntos penales adquieran un estado tal que no comprometa el futuro de los mismos, atendiendo a los datos arrojados por el alarde efectuado con motivo del acoplamiento derivado de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Dicha Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, es citada en los medios denominándola “Ley Bolaños”.

El Preámbulo (antes Exposición de Motivos) de esta ley expresa su loable pretensión de modernizar y agilizar la decimonónica administración de Justicia para que sea más eficiente. Entre sus principales novedades está la de crear un tribunal de instancia en cada partido judicial, integrado por una sección única (de civil y de instrucción) que podrá crear más secciones (de familia, mercantil, contencioso-administrativo…) e integrará en cada partido judicial todos los juzgados de primera instancia (hoy 3.800) en 431 tribunales de Instancia, a fin, declara, de favorecer la especialización, la unificación de criterios y una distribución adecuada de los recursos y cargas de trabajo.

En la práctica su aplicación está retrasando los procedimientos judiciales y generando más problemas que beneficios, sobre todo de organización. A corto plazo -según me manifiestan en los propios juzgados- los procedimientos se van a retrasar, cuando no paralizar, en muchos casos. 

Concretamente este pasado 1 de enero estaba prevista la puesta en marcha de la tercera y última fase de la reconversión de juzgados en tribunales de instancia. Los problemas, tanto a nivel personal (para todos los operadores jurídicos: funcionarios, procuradores, abogados, etc.) como técnicos, han generado un gran desconcierto en el sector. Los traslados de juzgados, las nuevas asignaciones de cometidos y ubicaciones, los desajustes informáticos, la pérdida de autos y expedientes… están paralizando la actividad judicial.

Muy importante a efectos prácticos es la obligación que impone esta ley de acudir a vías de acuerdo extrajudicial, los denominados “Medios Adecuados de Solución de Controversias” (MASC). 

Ya existía, al menos entre la gente de bien, el objetivo de no demandar sin previamente contactar con la otra parte e intentar llegar a un acuerdo, negociar -recordemos que la etimología de negocio es la negación del ocio, y hoy impera el ocio-. La imprecisa y deficiente regulación legal ha motivado que hasta el Juzgado Decano de Madrid haya publicado unos “Criterios orientadores aprobados por los magistrados/as de primera instancia y de los juzgados hipotecarios de Madrid en la junta celebrada el 26-09-2025, en relación con la exigencia de la actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad impuesta por esta ley.

¿Dónde queda el libre albedrio (o libertad) de poder demandar directamente cuando así lo aconsejen las circunstancias? Los MASC no solo llevan tiempo y riesgos asociados por no hacerlo conforme a Ley, sino que, además, hay que recordar que ya existe regulación y consecuencias en caso de iniciar acciones judiciales “alegremente”, como por ejemplo la posibilidad de ser condenado al pago de las costas. 

Ciertamente existe una tendencia de lo público, pese a lo que crece y cuesta, de trasladar a la sociedad civil la resolución de los conflictos.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado recientemente los resultados de la primera encuesta sobre el impacto real de la Ley de Eficiencia y los MASC en el ejercicio de la abogacía. El cuestionario fue respondido por 1.164 colegiados.

El 82 % afirmó que ha tramitado ya procedimientos judiciales por los cauces de esta ley y nueve (9) de cada diez (10) abogados madrileños la suspenden y afirman que hay más retrasos en los tiempos judiciales. Es más, el 52% le pone una nota de ¡0 sobre 10!

El 86% no está conforme con tener que acudir obligatoriamente a los MASC, el 4,3% cree que han agilizado los tiempos y un 5,7% piensa que éstos son parecidos.

El resultado es que un 50,7% ha tenido problemas para acreditar un intento de MASC ante los juzgados y ha habido un 10% de acuerdos.

Siempre les digo a mis clientes que cuando acudes a los juzgados sabes por donde entras, pero no por donde sales. Para evitar esta incertidumbre, en los despachos se opta cada vez más por la mediación o el arbitraje. ¿Cuál es la mejor solución? Negociación, negociación, negociación.

Solo un par de datos más facilitados por el ICAM: i) El Turno de Oficio gestionó unas 150.000 solicitudes en 2024, y los honorarios que perciben los letrados, con dificultades y retrasos, son muy bajos; ii) los Juzgados y Tribunales tienen 4.800 MM€ bloqueados en las cuentas de consignación (en el Banco de Santander) de ejecuciones civiles, con los consiguientes daños y perjuicios.

Otra causa que no favorece una Justicia eficiente es la ingente promulgación de normas. La actividad parlamentaria en muchos casos no tiene medida ni consistencia. Un ejemplo reciente ha tenido lugar en octubre de 2025 en el Congreso -el de los disputados sillones- que aprobó una proposición no de ley para regular el uso de la palabra “cáncer”. La iniciativa no legislativa del Grupo Socialista, se aprobó con 307 votos a favor, 33 en contra y 6 abstenciones, y según su exposición de motivos, la palabra cáncer "no es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable" instando al "uso de un lenguaje justo, responsable y basado en la realidad, sobre todo, desde los ámbitos públicos e institucionales".

Eso sí, en el ámbito jurídico, y especialmente en el judicial, el lenguaje empleado es en muchos casos confuso, cuando no contradictorio, ideologizado, interesado, usando términos jurídicos ambiguos, remitiéndose a reglamentos futuros que muchas veces no llegan, con disposiciones finales que establecen “queda derogado cuanto se oponga o contradiga la presente norma…” Lo que produce inseguridad jurídica. Y si no que se lo digan a los policías, que hoy tienen que aprenderse 37 géneros y 10 orientaciones sexuales para tratar conforme a ellas, ¿qué consecuencias jurídicas habría si no lo hacen? …

Y a los jueces, letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) fiscales, abogados, procuradores…, y a todos los colaboradores de la administración, no nos da tiempo material para estudiar todo lo que se promulga, que ya incluye a la normativa proveniente de la Unión Europea -ciertamente se necesita justificar muchos sueldos, que inundan los boletines con ríos de tinta y circulares, recomendaciones, y los más variados nombres. A este respecto recordaría el viejo dicho: Lo bueno si breve, dos veces bueno.

Por su importancia nominal, que no real, me voy a referir brevemente a Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, que incide directamente en la administración de Justicia. Entró en vigor el 5 de diciembre de 2024 y en mi opinión redunda en volver a poner sobre el papel lo ya previsto en la Constitución (derecho a una tutela judicial efectiva, seguridad jurídica…) y en nuestro ordenamiento jurídico con terminología poco definida, como “asistencia jurídica adecuada”, “antelación razonable” o “ser adecuadamente protegido”, nuevamente la indeseable inseguridad jurídica.

Platón

Es decir, mucho sobre el papel y poco sobre el terreno, lo que me recuerda a otra máxima de Platón: “No hay peor injusticia que la Justicia simulada”.

Y también, dada su relevancia en la actualidad, debo referirme al Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, cuyo texto, ya aprobado por el consejo de ministros, presentado al Congreso el 30/10/2025 y calificado el 11/11/2025, declara que reforzará la independencia del fiscal general del Estado… El proyecto introduce un profundo cambio estructural en el sistema judicial español. Entre otras novedades: el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones penales en sustitución de los jueces de instrucción. La policía judicial dependerá funcionalmente de ellos. Crea un nuevo actor, el juez de garantías, que controlará el respeto a los derechos fundamentales y validará las decisiones más intrusivas, como los registros o las prisiones preventivas. Limita la acusación popular, que solo podrán ejercer personas o entidades con un interés legítimo, excluyendo a partidos políticos y sindicatos. Incorpora un régimen específico para las causas con jurado y regula por primera vez la justicia restaurativa. El cargo del fiscal general del Estado pasa a cinco años (de 4) y solo podrá ser cesado si previamente el CGPJ emite un informe detallando las causas (incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones). La Ley tiene previsto entrar en vigor en 2028 y las críticas a este proyecto son innumerables e inundan las noticias jurídicas. 

Es un hecho objetivo que tenemos una legislación ingente, compleja, técnicamente deficiente y claramente ideologizada.

Otra razón por la que la administración de justicia está funcionando mal es porque ha bajado el nivel de formación, y por lo tanto la calidad del servicio. Y aunque este es un dato netamente sociológico, subyace el mensaje de no esforzarse, de no trabajar -fomentado sobre todo por algunas ideologías políticas- lo cual de por sí es grave, pero si le sumamos la picaresca y la corrupción, se convierte en un “cáncer” para la sociedad.

No hay la debida formación, sobre todo en los oficiales y no se trabaja lo que se debe, mal extendido en nuestra sociedad y más dentro del funcionariado (en la Justicia hay unos 25.000), en la que percibo una gran desidia y negligencia, si bien es un hecho que hay honrosas excepciones -me consta-.

Últimamente la administración, y no solo la de Justicia, dedica mucho tiempo y esfuerzo a cumplimentar protocolos internos en vez de trabajar en lo sustancial y en solucionar las cosas; es típico de los regímenes que pretenden regularlo todo, produciendo un sinfín de normas, que a veces se contradicen y nos obligan a los operadores y colaboradores de la justicia a dedicar mucho tiempo a estudiar para saber cuál es la norma aplicable y en qué sentido (la hermeneútica).

Y otro tema, no menor, es la corrupción y las duras críticas a determinados jueces y magistrados por parte de altos funcionarios de las instituciones del Estado. Si bien siempre ha habido corrupción y critica desaforada, nunca fue tan descarada y mentirosa, sus autores ni dimiten ni devuelven lo obtenido con malas artes, ni se retractan de graves acusaciones, sino que niegan y manipulan los medios, las instituciones y hasta la justicia, y ésta, garantista, tarda mucho en aplicarse, cuando se aplica. Estamos en un escenario claramente politizado.

Comisión Europea

La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea en 2025, midiendo los que considera los tres parámetros esenciales: eficiencia, calidad e independencia, valora España expresando que la independencia judicial continúa siendo baja a pesar de la renovación del CGPJ, que recordemos se produjo en julio de 2024 ¡tras cinco años y medio de mandato caducado!, destacando entre sus recomendaciones que se reforme el sistema de nombramiento, en línea con los estándares europeos; también recomienda finalizar y aplicar la reforma del código penal y reforzar el estatuto del fiscal general, incluyendo la desvinculación de su mandato del Gobierno. Y constata: un bajo índice de condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, lo que debilita la confianza ciudadana en la equidad del sistema, la persistencia de déficits preocupantes de transparencia en la gestión de fondos públicos, una débil fiscalización parlamentaria y una limitada autonomía de los organismos de control. Califica como uno de los síntomas más inquietantes y menos visibles del deterioro del estado de derecho la pérdida deliberada de calidad normativa, que se manifiesta a través de prácticas legislativas opacas, reformas improvisadas, normas ambiguas o procedimientos acelerados que obstaculizan el control parlamentario y la participación ciudadana. A fecha de 15 de diciembre de 2025, España presentaba un déficit de transposición de directivas de un 3,19%, la más alta de la Unión, con 92 infracciones abiertas con riesgo de sanción.

En este mismo sentido, el último informe elaborado por la Fundación Hay Derecho, titulado El estado de Derecho 2024, advierte de la falta de jueces en España, del gasto ineficiente en la administración de justicia, de la falta de confianza de la ciudadanía en la Justicia, de la politización del ministerio fiscal, del abuso reiterado del decreto-ley, de la proliferación de proposiciones de ley con origen parlamentario sin memoria económica ni dictámenes preceptivos, de la tramitación de enmiendas in extremis sin conexión temática con la norma principal, declarando que, aunque formalmente legal, legislar así vulnera el principio de legalidad material y alimenta la percepción de arbitrariedad, para terminar denunciando el incumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias.

En esa misma línea, el catedrático de derecho constitucional Manuel Aragón Reyes, emérito del Tribunal Constitucional y autor de referencia en la materia, viene denunciando la degradación de las leyes parlamentarias causada por el falseamiento del procedimiento legislativo, el uso criticable de las enmiendas intrusas y el fraude consistente en utilizar las proposiciones de ley para huir de los requisitos que tendría presentarlas como proyecto de ley, la escasa meditación y la defectuosa técnica en la preparación de las iniciativas legislativas, la apelación constante al procedimiento de urgencia (vía decreto ley), la extrema limitación temporal de la presentación de enmiendas y de la deliberación parlamentaria, recalcando que se están produciendo unas leyes de escasa calidad con gran merma de la seguridad jurídica tan necesaria en un Estado de Derecho.

Por otro lado, es evidente la tensión entre el poder ejecutivo y el poder judicial cuando éste no se pliega a sus deseos y criterios. Estamos viendo que cuando el Tribunal Constitucional les da la razón por la Amnistía está bien, y se hace Justicia, pero si el Supremo condena al Fiscal General del Estado está mal y sin leer ni los antecedentes ni la motivación jurídica dicen que “lo respetan y acatan”, pero realmente lo critican abiertamente, con declaraciones desde altas instancias de la administración, empezando por el presidente del gobierno y todos sus ministros, incluido el de Justicia, desacreditando y minando así la confianza de la sociedad en los jueces y magistrados, en nuestro más alto Tribunal y en la administración de Justicia. La libertad de expresión también debería tener límites éticos, sobre todo por parte de quienes gobiernan. 

Con causa en el anuncio del fallo de la sentencia que condenó al fiscal general del Estado, la vicepresidenta del gobierno Yolanda Diaz, llamó a la movilización contra el Tribunal Supremo, a ocupar las calles para protestar, (con poco éxito, por cierto). Recuerda a Largo Caballero, cuya escultura sigue en pie en los Nuevos Ministerios, no así la de Franco, cuando ambos son HISTORIA de este país que debe respetarse, manténganse las dos, porque además cuesta dinero público quitarlas. Tenemos un nuevo ejemplo de lo dicho en el Valle de los Caídos, el Gobierno ya ha aprobado un presupuesto de 30 MM de € del erario para “resignificar” este monumento. Presupuesto que ayudaría mucho para otros asuntos realmente acuciantes, como el que aquí nos ocupa. 

La ideología no debería tomar el poder, la eficiencia sí, hay sectarismo y carencia de principios, infiltración en todas las instituciones con triquiñuelas técnicas y maniobras, el Tribunal Supremo, que debería ser la última instancia judicial, ve cómo el Tribunal Constitucional le revoca sus resoluciones para no cumplir las sentencias judiciales cuando no les interesan, los ejemplos son múltiples, quebrando así el principio de legalidad y en consecuencia el de seguridad jurídica.

Clara politización de la justicia (que ahora denominan “lawfare”, que traducido literalmente sería la tarifa o precio de la Ley… preocupante). Y otro dato, no baladí -éste de tiempos de Zapatero-, fue la creación de la “Oficina Judicial” en 2009 (siendo ministro Francisco Caamaño), en la que se acabó con los juzgados unipersonales independientes y los secretarios judiciales pasaron a desempeñar más funciones en el ámbito de la gestión en los juzgados; es curioso que, en ese camino, en 2015, cambiaran el nombre por el más pomposo y largo de “Letrados de la Administración de Justicia”, en el foro les llamamos LAJS.

Todo indica que también la oficina judicial estará al servicio del poder ejecutivo y los jueces perderán su autonomía e independencia, como la fiscalía que ya sabemos “¿de quién depende?” … “¡Pues eso!”.

Hay más proyectos y reformas que pretenden introducir cambios en el actual modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal por oposición, modificando los temarios, tipos de examen, y, en general, el proceso de selección. Los opositores tendrán que asistir a centros de preparación oficiales, previo pago, y su formación correría a cargo de los “afines” con el claro riesgo de ideologización y adoctrinamiento de los estudiantes. 

En la todavía libre e independiente actividad de nuestros jueces y magistrados crece la sombra de que el pensamiento libre está amenazado si no es coincidente con lo “políticamente correcto”, es señalado y perseguido, y hay miedo… te puede caer el peso del Estado (que no de la Ley) encima. 

La preocupación y alarma de muchos juristas por la creciente pérdida de independencia del poder judicial, la baja calidad legislativa y el prestigio de la Justicia en España es inquietante. Recientemente hemos asistido a las huelgas de funcionarios, LAJS, jueces y fiscales y seguimos escuchando constantes críticas de asociaciones y de profesionales jurídicos a lo que está sucediendo en la administración de justicia.

La ineficiencia y retrasos del sistema judicial español nos evoca la conocida frase de “La Justicia lenta no es Justicia”. Además de tener que denunciar los atascos, tenemos una dotación presupuestaria insuficiente y ya más de tres años prorrogada.

Lo que subyace es el control, control, y más control. Hay presiones a la sociedad, recordemos la frase de Zapatero a Gabilondo: “nos conviene que haya tensión”, y a los medios de comunicación (entre otras vías mediante el “chantaje” económico con la publicidad institucional).

Recuerdo una pantalla que me apareció en el ordenador al hacer una actualización; sobre un fondo azul el texto decía: 

No hagas nada. Nosotros nos ocupamos de todo.

En estos tiempos se habla mucho de democracia y libertad, lo que veo es control, dictadura de pensamiento y censura. El pensamiento libre y crítico está señalado y es perseguido. 

George Orwell

Es lo anunciado por G. Orwell en 1932 al publicar “1984”, o por Aldous Huxley en “Un Mundo Feliz” -1947-48-, y antes por Yevgueni Zamiatin, un ingeniero naval y escritor ruso que nació en 1884 y fue crítico con el régimen soviético. El resultado es que arruinaron su brillante carrera y le hicieron pasar al olvido. Escribió a Stalin y consiguió salir de la URSS, falleció en París en 1937, en la miseria. Hoy se le considera como el autor de la primera distopía con su novela “Nosotros” publicada en los años 20 del pasado siglo. Ya entonces nos advertía de aquello de lo que había huido, de ese control desmedido que sitúa en la ciudad de cristal y acero del Estado Único, separada por un muro del mundo salvaje, en la que la vida de D-503 (el protagonista, también ingeniero como el autor) y de toda la población transcurre sometida a la inflexible autoridad del Bienhechor… ¿Le suena al lector?

También nos vaticinó Oswald Spengler, a principios del siglo pasado, en su obra La decadencia de Occidente, que nuestra cultura occidental se encontraba en su etapa final, en la decadencia. Pero no perdamos la fe y la esperanza y, como dice el proverbio ruso: “Reza, pero no dejes de remar hacia la orilla”.

Mi opinión, como conclusión, es que la clave de la solución está en dotar a la administración de Justicia de medios y recursos, e incentivarla para que funcione (trabajo, criterio y honradez). Tenemos que trabajar todos activamente para evitar la quiebra del estado de derecho.

Nos queda el poder judicial en el que muchos jueces, magistrados y fiscales piensan que desde el gobierno se les ha declarado la guerra. Es un hecho que el contrapeso del poder judicial al ejecutivo es imprescindible. Y un claro objetivo es que la “independencia judicial” sea real y no teórica.

Y nos queda también el cuarto poder, los medios de comunicación, cada vez más populistas y controlados. Un claro ejemplo sucedió en 2022 cuando la Unión Europea anunció la prohibición a medios rusos (como RT y Sputnik) de operar en sus 27 países miembros. También lo hizo Rusia, pero se supone que aquí hay libertad de prensa. Ciertamente el peligro de los denominados “fakes” está ahí, incrementado por la inteligencia artificial, si bien gracias a determinados periodistas serios, que informan con rigor, podemos acceder a información veraz.

Nuevamente el pueblo español está polarizado -lo han polarizado con base en intereses espurios- y lo que sucede en la Justicia y en su administración no le es ajeno. Pese a los numerosos, graves e inquietantes sucesos recientes, España sigue adelante gracias a la solidaridad, prudencia, paciencia, excelencia y buen hacer de muchos de nuestros paisanos.

Tengamos esperanza y fe en que la administración de Justicia en España mejore y se mantenga independiente, actuando solo con criterios de legalidad y de hacer el bien, pues la verdadera democracia necesita, para seguir disfrutando de la seguridad y libertad que hoy tenemos, que todos colaboremos activamente en su defensa.

Me gustaría terminar este artículo rompiendo una lanza en favor de todos los profesionales de la Justicia y del Derecho, en todos los ámbitos, que diariamente trabajan y se esfuerzan para que la administración de Justicia funcione.